La teoría tradicional sobre el establecimiento de precios óptimos de una firma regulada, asume generalmente que el regulador tiene un conocimiento completo sobre la tecnología, sus costos de inversión y operación, y las características de la demanda de los consumidores. Bajo esta premisa (que se refleja en el caso de la regulación peruana en el concepto de empresa eficiente adaptada económicamente), el regulador justifica de alguna forma el “imponer la obligación” de la minimización de costos a las empresas, y lo hace estableciendo “unilateralmente” tarifas calculadas bajo estas premisas.